ABOGADOS:
ESPERANDO QUE TENGAN UN BUEN DÍA!!!, LES ANEXO EL TEMA QUE CORRESPONDE AL TEMARIO EN SU PRIMERA SESION DE BLOG, ESTUDIEN Y RECUERDEN QUE LES APLICARE UN EXAMEN PARA COMPROBAR QUE LEYERON LA PRESENTE INFORMACIÓN.
ATTE.-
LIC. VIOLETA CASTILLO R.
OBJETIVO:
EL ALUMNO OBSERVARA, ANALIZARA Y APRENDERA LO RELACIONADO CON LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO, ASI COMO EL CONCEPTO, SU FUNDAMENTO LEGAL, ANTECEDENTES Y SUS FINES DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO.
LA SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO
La seguridad social tiene como fin garantizar a los mexicanos el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que sea garantizada por el Estado.
En nuestro país existen tres pilares fundamentales de la seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Sistema de Seguridad Social Popular (SISSP) creado en febrero de 2006.
El fundamento Constitucional sobre la SEGURIDAD SOCIAL EN MÉXICO es:
En el artículo 123, fracción 29, de la Constitución Política se dice que la Ley del Seguro Social es de utilidad pública y que ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familias. También las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas. Las instituciones públicas que prestan los servicios de salud en México son: 1. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 2. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y 3. Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA).
Respecto a su referencia histórica, de ubicación, hay que decir que los seguros sociales se originaron en Alemania durante el gobierno de Bismarck a finales del siglo XIX. Se expidieron seguros obligatorios de enfermedades (1883), de accidentes de trabajo, de invalidez y vejez.
La expresión "Seguridad Social" se populariza a partir de su uso por primera vez en una ley en Estados Unidos, concretamente en la "Social Security Act" de 1935. Y, posteriormente, el concepto es ampliado por Sir William Beveridge en el llamado "Informe Beveridge" (el llamado "Social Insurance and Allied Services Report") de 1942 con las prestaciones de salud y la constitución del National Health Service (Servicio Nacional de Salud, en español) británico en 1948.
En México desde las luchas de Independencia de principios del Siglo XIX (cuando sólo existía para las clases ricas) se habló se seguridad social pública; más adelante en se planteó la necesidad en 1824 y 1857; el magonismo lo exigió. Hay registros en el Estado de México (1904), en Veracruz (1914) en Yucatán (1915), que son antecedentes del 123 de nuestra Constitución de 1917. Con Obregón y Calles el proyecto de seguridad social se formaliza con la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro y en 1928 la Sociedad Mutualista del Seguro del Maestro.
El origen histórico de la seguridad social mexicana se encuentra en los movimientos y luchas sociales observadas desde el porfiriato (1877-1910), así como durante la Revolución Mexicana (1910-1917), en la que murieron más de un millón de mexicanos.
Como parte de esta amplia movilización social y política, grupos de intelectuales, entre ellos el encabezado por Ricardo Flores Magón, dieron origen al programa del Partido Liberal Mexicano en 1906; ese mismo año, estalló la histórica huelga en la Mina de Cananea, Sonora y, al año siguiente, la poderosa huelga y rebelión de Rio Blanco, Veracruz. La fuerza de estas luchas se encontraba en sus demandas básicas: jornada laboral de 8 horas, establecimiento de salario mínimo, indemnizaciones por accidentes laborales, otorgamiento de pensiones, descanso dominical obligatorio, abolición de las tiendas de raya, entre las más sustanciales. Todas ellas, demandas sencillas, convocaron y pueden convocar a desarrollar amplios movimientos sociales.
La demandas de los grupos indicados, más las demandas de los intelectuales y empresarios nacionalistas, constituyeron los principios fundamentales de la Revolución Mexicana y llegaron a establecerse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida por el Congreso Constituyente en 1917.
Las propuestas económicas, sociales, políticas e ideológicas de los trabajadores se expresaron, particularmente, en el artículo 123, estableciéndose los principales derechos y obligaciones de los trabajadores, incluidos los referentes a la seguridad social, enunciados en la fracción XXIX.
El contenido original de los artículos 27 y 123 es la expresión más genuina de los sentimientos de justicia social que reclamaba la sociedad mexicana, compuesta en su mayor parte por trabajadores y campesinos. Los antecedentes del derecho mexicano del trabajo, donde se incluye la seguridad social, se fueron expresando en distintos momentos de nuestra historia:
* En el programa del Partido Liberal Mexicano, formulado y difundido en julio de 1906, destaca el capítulo llamado Capital y Trabajo.
* En noviembre de 1906, el general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, promulgó la Ley de Accidentes del Trabajo para su entidad.
* Aparecen también en el Manifiesto Político del Partido Democrático, en 1909, lidereado por Benito Juárez Maza, hijo de Benito Juárez.
* Los derechos del trabajo también se encuentran en el libro "La sucesión presidencial de México", escrito por Francisco I. Madero en 1908 quien, además, en abril de 1910, se comprometió a presentar iniciativas de ley para pensionar a los obreros mutilados en el trabajo -en las minas o en la industria- y a los familiares de los trabajadores, en caso de perder la vida.
* En diciembre de 1911, Madero, ya como presidente de la república, formuló bases generales para una legislación obrera nacional, donde también se contemplaba la seguridad social.
* El primer proyecto de Ley del Trabajo fue formulado por varios diputados en 1913. En este documento se estableció un capitulo referente a la seguridad social. Sin embargo, los acontecimientos armados de la Revolución Mexicana no permitieron la discusión y aprobación del proyecto.
* En 1917, los asuntos de la seguridad social fueron incluidos en la Constitución Politica bajo el principio de la justicia social, no por azar, sino como resultado de las conquistas de la revolución misma. En la Fracción XXIX del artículo 123 se expresó claramente: "Se considera de Utilidad Social el establecimiento de cajas de seguro populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de accidentes y de otros fines análogos, por lo cual, tanto el gobierno federal como el de cada estado deben fomentar la organización de instituciones de esta índole para infundir e inculcar la previsión social". Con esta sencilla y elocuente redacción se estableció un principio fundamental del derecho del trabajo en México, un eje político fundamental para organizar a la sociedad y al Estado y echar a caminar un nuevo régimen político, a partir de regular las relaciones entre trabajadores y patrones y entre trabajadores y Estado.
En este contexto, es pertinente indicar cómo fueron introduciéndose los derechos del trabajo en la sociedad y el país:
* En agosto de 1925, se creó la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro.
* En septiembre de 1929, se modificó la fracción XXIX del artículo 123, en el siguiente sentido: "Se considera de Utilidad Pública la expedición de la Ley del Seguro Social, que comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesantía involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análogos". Con esta reforma constitucional se dio al Seguro Social la categoría de derecho público obligatorio y se sentaron las bases para formular la Ley del Seguro Social.
* En 1931, se expidio la Ley Federal del Trabajo.
* En enero de 1932, el Congreso de la Unión otorgó facultades al Poder Ejecutivo federal para expedir la Ley del Seguro Social. Sin embargo, los acontecimientos políticos impidieron la emisión de esta ley durante varios años.
* Durante los gobiernos de Abelardo L. Rodríguez y de Lázaro Cárdenas se formaron comisiones para formular un anteproyecto de Ley del Seguro Social, pero, nuevamente, las circunstancias políticas no permitieron consolidar el proyecto.
ANTECEDENTES.
Los únicos antecedentes verdaderos de la legislación moderna sobre aseguramiento de los trabajadores y de sus familiares, se encuentran a principios de este siglo, en los últimos años de la época porfiriana: en dos disposiciones de rango estatal: la Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, expedida el 30 de abril de 1904, y la Ley sobre Accidentes de Trabajo, del Estado de Nuevo León, expedida en Monterrey el 9 de abril de 1906. En estos dos ordenamientos legales se reconocía, por primera vez en el país, la obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de enfermedad, accidente o muerte, derivados del cumplimiento de sus labores. Para 1915 se formuló un proyecto de Ley de Accidentes que establecía las pensiones e indemnizaciones a cargo del empleador, en el caso de incapacidad o muerte del trabajador por causa de un riesgo profesional.
La base constitucional del seguro social en México se encuentra en el artículo 123 de la Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917. Ahí se declara "de utilidad social el establecimiento de cajas de seguros populares como los de invalidez, de vida, de cesación involuntaria en el trabajo, de accidentes y de otros con fines similares".
A finales de 1925 se presentó una iniciativa de Ley sobre Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. En ella se disponía la creación de un Instituto Nacional de Seguros Sociales, de administración tripartita pero cuya integración económica habría de corresponder exclusivamente al sector patronal. También se definía con precisión la responsabilidad de los empresarios en los accidentes de trabajo y se determinaba el monto y la forma de pago de las indemnizaciones correspondientes. La iniciativa de seguro obrero suscitó la inconformidad de los empleadores que no estaban de acuerdo en ser los únicos contribuyentes a su sostenimiento y consideraban que también otros sectores deberían aportar. En 1929 el Congreso de la Unión modificó la fracción XXIX del artículo 123 constitucional para establecer que "se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de Invalidez, de Vida, de Cesación Involuntaria del Trabajo, de Enfermedades y Accidentes y otros con fines análogos. Con todo, habrían de pasar todavía casi quince años para que la Ley se hiciera realidad.
En 1929 el Congreso de la Unión modificó la fracción XXIX del artículo 123 constitucional para establecer que "se considera de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de Invalidez, de Vida, de Cesación Involuntaria del Trabajo, de Enfermedades y Accidentes y otros con fines análogos. Con todo, habrían de pasar todavía casi quince años para que la Ley se hiciera realidad.
En 1935 el presidente Lázaro Cárdenas envió a los legisladores un proyecto de ley del Seguro Social, en el cual se encomendaba la prestación del servicio a un Instituto de Seguros Sociales, con aportaciones y administracióntripartitas, que incorporaría a todos los asalariados, tanto industriales como agrícolas. Sin embargo, se consideró que el proyecto requería aún estudios ulteriores. Por encargo del mismo Presidente Cárdenas, se elaboró un nuevo proyecto que resumía la experiencia de los anteriores. Su principal autor fue el titular de la Secretaría de Gobernación, licenciado Ignacio García Téllez, abogado de cuarenta años de edad, quien para esa fecha ya había sido diputado federal, gobernador interino de Guanajuato, Rector de la Universidad Nacional Autónoma y, durante el régimen cardenista, Secretario de Educación, presidente del PNR, secretario particular del Jefe del Ejecutivo y para esa fecha, Secretario de Gobernación. Colaboraron varios especialistas en derecho, medicina y economía, basados en la legislación expedida en otros países hispanoamericanos. El proyecto de García Téllez se refería a la creación de un Instituto de Seguros Sociales, de aportación tripartita, que incluía al Estado, a los trabajadores asegurados y a sus patrones y que "cubriría o prevendría los siguientes riesgos sociales: enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales y maternidad, vejez e invalidez y desocupación involuntaria. Aprobado el proyecto por un consejo de ministros, fue enviado a la Cámara de Diputados en diciembre de 1938. Pero tampoco esta vez pudo llegar más adelante pues a los legisladores les pareció conveniente que se elaborara un documento más completo fundamentado en estudios actuariales. Por otra parte, la situación del momento, de fuerte crisis provocada por la expropiación petrolera, exigía promover antes que nada la unidad nacional.
Por otra parte, a partir de 1939 la situación de guerra motivó muchas inquietudes por encontrar soluciones a los problemas de desigualdad económica y social. Uno de los puntos de acuerdo de los firmantes de la Carta del Atlántico fue que, una vez derrotadas las potencias nazifascistas había que lanzarse a la búsqueda de institucionestanto nacionales como internacionales que procuraran, aparte de la paz y la tranquilidad mundiales "la seguridad de que todos los hombres de todos los países pudieran vivir libres tanto de temores como de necesidades".
NACE LA SEGURIDAD SOCIAL.
Por lo anterior, hacia 1942 confluían todas las circunstancias favorables para que finalmente pudiera implantarse en México el Seguro Social. El interés del Presidente Ávila Camacho por las cuestiones laborales ya se había manifestado desde el mismo día en que asumió la presidencia, cuando anunció la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la encomendó a quien fuera Secretario de Gobernación del régimen anterior, el licenciado Ignacio García Téllez. Atendiendo a la tónica del momento, la función inicial de la naciente dependencia fue limar asperezas y procurar la conciliación obrero-patronal. En diciembre del mismo año se envió a las Cámaras la iniciativa de Ley, proponiendo como suprema justificación, que se cumpliría así uno de los más caros ideales de la Revolución Mexicana. Se trataba de "proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia; contribuir al cumplimiento de un deber legal, de compromisos exteriores y de promesas gubernamentales".
El Congreso aprobó la Iniciativa y el 19 de enero de 1943 se publicó en el Diario Oficial la Ley del Seguro Social. Ahí se determina, desde los artículos iniciales, que la finalidad de la seguridad social es garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Como instrumento básico de la seguridad social se establece el Seguro Social y para administrarlo y organizarlo, se decreta la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social.
* Finalmente, el 19 de enero de 1943, se promulgó la Ley del Seguro Social, en la que se reafirmó que el seguro social es un servicio público nacional con carácter obligatorio, y se construyeron instituciones como el IMSS y el ISSSTE. Pasaron 25 años, desde 1917, y 13 años, desde 1929, para echar a caminar la primera institución.Ignacio García Téllez fue el primer director del IMSS; él había participado en la elaboración del anteproyecto y tenía muy claro el sentido de la seguridad social. Cuando distintos sectores patronales se oponian a aceptar el esquema solidario, en una carta al presidente Manuel Avila Camacho expresó: "No puede descansar su estabilidad en desnutridos, analfabetos, familias que viven en la promiscuidad, madres campesinas agotadas; no hay efectiva justicia social sin paz en los estomagos, en los cerebros y en la vida de los marginados… Mientras haya hambre en el pueblo y mientras haya sectores marginados no podrá haber salud ni avance… No podemos estructurar un régimen nacional estable si el mejoramiento social se funda en minorías privilegiadas y no se amplia el bienestar colectivo del pueblo, pues sin justicia social no hay verdadera democracia; la verdadera seguridad social está en que nos sintamos, todos, parte de una unidad y que los que más tienen aporten sus recursos para los que menos o nada tienen".[1]
Tomando como base los antecedentes indicados y las palabras del primer director del IMSS, puede desprenderse que los actuales directores de esta institución y del ISSSTE, de la Secretaría de Salud y demás instituciones similares, están bastante alejados de los principios y la ideología de la Revolución Mexicana, la Constitución Política y el pensamiento de todos los individuos y grupos que promovieron la seguridad social.
LOS PRIMEROS AÑOS.
Al iniciarse las actividades del nuevo organismo, su primer director, Vicente Santos Guajardo y una planta de empleados mínima, se dedicaron, entre otras cosas, a realizar los proyectos e investigaciones que implicaba la instrumentación de las diversas ramas de aseguramiento; a estudiar las experiencias de otros países en el campo de la seguridad social para aprovecharlas en México; a divulgar el sentido y las posibilidades de la seguridad social y a realizar una intensa labor de convencimiento, tanto entre los trabajadores como entre los empresarios, acerca de los alcances de la ley y de las ventajas que reportaría a unos y a otros su aplicación. Se determinó que el Seguro Social empezaría a funcionar en el Distrito Federal a partir de enero del año siguiente; mientras tanto se procedió a la inscripción de los patrones.
En diciembre de 1943 el Lic. García Téllez es nombrado nuevo director del Instituto y unos cuantos días después, el 6 de enero de 1944, se pone en marcha formalmente el otorgamiento de servicios médicos en todas las modalidades prescritas.
Sin embargo, durante algunos meses continuaron las manifestaciones de inconformidad y los ataques contra la introducción del sistema. Estos provenían de varios sectores empresariales que se resistían al nuevo pago implicado en las cuotas de la seguridad social. Curiosamente, también algunos grupos sindicales realizaron numerosas expresiones de rechazo. Poco a poco se fueron atenuando las posiciones más violentas ante la actitud decidida del gobierno de poner en marcha el Seguro Social en todos sus ramos. Antes de que concluyera 1946 el sistema operaba ya en Puebla, Monterrey y Guadalajara; el Instituto, tras sus primeros tiempos de dificultades políticas y angustias financieras, había alcanzado la seguridad económica necesaria y el reconocimiento general por la importancia de sus beneficios.
Implantado el régimen en su modalidad urbana en los principales centros de población, se decidió iniciar paulatinamente el aseguramiento de los trabajadores del campo.
En 1943, surgió el Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS. En 1947, la dirección general de pensiones amplió los seguros de vejez, invalidez, muerte, orfandad, viudez y se redujo la edad para recibir las pensiones a partir de los 55 años.
TIEMPOS DE CRECIMIENTO.
En el período 1946-1952, se fue consolidando en el Instituto un notable equipo sociomédico, al tiempo que se ampliaban los servicios y el régimen se extendía a otras entidades federativas. Se inauguró el primer hospital de zona, La Raza y también el edificio principal ubicado en el Paseo de la Reforma, de la ciudad de México.
Durante la administración 1952-1958 se buscó asegurar el equilibrio financiero de la Institución mediante la reorganización administrativa. Se diseñó un plan de inversiones que incluía la construcción de grandes unidades hospitalarias y se inició en el Distrito Federal el sistema de Medicina Familiar. A finales del período estaban cubiertos los principales centros industriales y agrícolas del país.
En 1959, se promulgó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En enero de 1960, surgió el ISSSTE como un sistema específico de seguridad social para los trabajadores del Estado. En el mismo año fue fundado el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE.
Desde aquél momento, el ISSSTE y el IMSS se convirtieron en las dos instituciones fundamentales de la seguridad social en México. Su presencia y actividad contribuyeron enormemente al desarrollo económico del país y, sobre todo, a mantener la estabilidad social y política de México. Sería imposible entender la época del "desarrollo estabilizador", sin la participación decidida de las instituciones de seguridad social y sin la participación de las agrupaciones sindicales como son el propio SNTISSSTE, el SNTIMSS, la FSTSE, la CTM y el CT. Pese a todos sus defectos, constituyeron factores centrales para la estabilidad social y política de México.
En los años siguientes continuó creciendo no sólo el número de asegurados y beneficiarios sino también la cantidad de prestaciones a otorgar. Por las reformas a la Ley del Trabajo de 1962 quedó a cargo del Instituto proporcionar los servicios de guardería infantil para los hijos de trabajadoras. El Centro Médico Nacional entró en funcionamiento pleno y se ampliaron los servicios de prestaciones sociales por medio de teatros, actividades deportivas y talleres. Para 1964 ya se encontraban protegidos por el Seguro Social poco más de 6 millones de mexicanos, cifra que se incrementaría en 50 en el período comprendido entre 1964 y 1970.
AMPLIAR PERSPECTIVAS.
A partir de 1970 hay un giro importante en la manera de entender la realidad nacional; Se percibe la necesidad de hacer extensivos a toda la población los frutos del desarrollo económico logrado por el país. El Seguro Social se entiende como una de las instituciones más eficaces para construir la justicia social entre los mexicanos y se busca favorecer su expansión y consolidar su funcionamiento. Durante 1972 se iniciaron estudios para realizar múltiples e importantes adiciones a la Ley del Seguro Social; fueron aprobadas por el Congreso de la Unión y publicadas en marzo de 1973. La nueva Ley ampliaba los beneficios del régimen obligatorio, extendía la seguridad social a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios organizados e implantaba el ramo de guarderías en toda la república.
El rasgo más trascendente de esta Ley fue la clara intención de que el Seguro Social no se quedara en una mera instancia de justicia laboral sino que, en la medida de las posibilidades, tendiera a construir una "seguridad social integral". En estos términos se entiende la facultad otorgada al IMSS, de extender su acción a poblaciones marginadas, sin capacidad de pagar cuota alguna. Así comenzó a operar el Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria, financiado por la Institución y por el Estado. Se convirtió, en 1979, en el Programa IMSS-Coplamar por Cooperación Comunitaria y, al desaparecer el organismo Coplamar, tomo el nombre que lleva hasta la fecha: Programa IMSS-Solidaridad.
A pesar de los momentos difíciles de los años 1982 y siguientes, el Instituto siguió avanzando para lograr que la totalidad de la población con una relación formal de trabajo se incorporara al sistema de seguridad social. Para 1987 el régimen ordinario cubría ya a casi 33 millones de mexicanos, de los cuáles más de 7 millones eran asegurados permanentes.
Las crisis económicas de los últimos tiempos han afectado seriamente la situación financiera y, por consiguiente, operativa de la Institución. Durante todo el año 1995 se realizó un profundo proceso de auto-examen, para detectar todo aquello que había dejado de ser funcional y buscar, con la colaboración de los involucrados y de la población en general, la solución a los problemas de fondo. De este proceso surgió la iniciativa de una Nueva Ley del Seguro Social, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial en diciembre del mismo año 1996. La Nueva Ley entre otras cosas modifica radicalmente el sistema de pensiones para asegurar su viabilidad financiera y una mayor equidad en el mediano y largo plazos.
PERIODOS HISTÓRICOS.
La seguridad social en México no es una cosa menor; es, sobre todo, un principio político, económico, ideológico y hasta ético. No es idea de algún político iluminado. Surgió y se desarrolló como un mecanismo para aminorar la inequitativa distribución de la riqueza, establecido en la Constitución Política de México.
La seguridad social fue resultado de la llamada alianza histórica del movimiento obrero con el Estado mexicano durante el cardenismo y que, más allá de frases, logró incorporarse a la vida política, estableciendo que:
* El Estado mexicano otorgaba protección y prestaciones sociales a los trabajadores.
* El Estado promovía la industrialización y la expansión del sector público.
* Junto con el proceso económico, se promovía el empleo estable.
* Las prestaciones sociales se pactarían en los contratos colectivos.
* Las pensiones y jubilaciones son una parte central de los contratos.
* La seguridad social ha contribuido a mantener un Estado fuerte, así como a atraer inversión nacional e internacional.
* La seguridad social es un gran factor de cohesión social y política.
* La seguridad social es un pilar fundamental de la política del Estado y de la sociedad mexicana.
* Desde 1983, el Estado mexicano fue rompiendo la alianza que tenía con el movimiento obrero organizado y con los trabajadores mexicanos. El fin de esta alianza se observó a lo largo de dos decenios de manera muy puntual:
* Disminuyó drásticamente el empleo formal en el sector privado y público.
* Los salarios reales disminuyeron hasta colocar a México como uno de los países con más bajos salarios en el mundo.
* Las prestaciones sociales han ido disminuyendo a través de múltiples mecanismos jurídicos y políticos.
* El sistema de pensiones comenzó a cambiar en el IMSS, desde 1995 y, existe la pretensión de hacer lo mismo en el ISSSTE, bajo el argumento de que "no hay fondos para el pago de pensiones".
* Los proyectos para una nueva Ley Federal del Trabajo, que pretenden flexibilizar el trabajo, se han formulado desde 1989, pero hasta ahora no han podido implantarse.
* Los sindicatos del sector público han sido fuertemente presionados para debilitar sus direcciones y estructura sindical. Las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la asociación sindical de los organismos descentralizados y la sindicalización única, atentan contra la estructura del sindicalismo de los servidores públicos.
El régimen político y las direcciones patronales han debilitado sistemáticamente los contratos colectivos, la estructura sindical y las direcciones del sindicalismo, en todos los sectores, lo que demuestra un debilitamiento de la cohesión social y política que no es resultado de un problema de mercado o de "caja". Al presionar sobre la vida sindical y el marco jurídico laboral, el Estado mexicano está debilitandose a si mismo. El régimen político ha resentido estos cambios y ya no tiene la fuerza política de decenios pasados. No es casualidad que en el año 2000, el PRI haya perdido la presidencia, 10 gubernaturas y la mayoría en el Congreso.
Entre 1995 y 1997, el IMSS transitó de ser un sistema de seguridad social, con fondos colectivos administrados por el Estado, a un sistema de seguridad con fondos individuales administrados por bancos privados. Ahora, en 2004, nuevamente se dice que el IMSS está en quiebra. Parece que la reforma de 1995 no resolvió ningún problema, aunque si logró generar ganancias brutas a las administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) por más de 50 mil millones de pesos.
El gobierno de Fox, por el contrario, ha planteado que el ISSSTE ha incrementado las prestaciones de seguridad a los trabajadores del Estado y, como ejemplo, menciona las recientes reformas: pensiones por cesantía en edad avanzada, donde se establece en 100 por ciento la pensión indirecta (1983), reducción de 3 a 1 año la base de cálculo de la pensión (pensión mínima de un SMGDF) y jubilación de mujeres con 28 años de cotización (1986), eliminación de la cuota de 4 por ciento de pensionistas para el fondo médico (1996), posibilidad de que las trabajadoras pueden registrar a su pareja (2000) y aumento en las pensiones en proporción a la inflación o incremento salarial (2001).
Estas reformas impiden al ISSSTE sostener el pago de las pensiones. Han declarado la quiebra del ISSSTE, así que hay que modificar el sistema, estableciendo uno similar al del IMSS, aun sabiendo que en el IMSS no se resolvió el problema de los fondos de retiro. De lo anterior, surgen algunas preguntas ¿La seguridad social es una política de Estado o es una "carga financiera"? ¿Es un problema público y económico global o es un problema local aislado? ¿Es un problema de liquidez de "caja" o es un problema estructural? ¿La política de seguridad social está en proceso de desarticulación, modernización o reestructuración? ¿A quien favorece la actual política?
La experiencia reciente (1997-2004) muestra que la seguridad social administrada de manera privada, favorece principalmente las finanzas y la administración del Estado, al mercado de capitales, a las Afores y a los bancos, pero no a los trabajadores.
CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL
Por lo anterior, hacia 1942 confluían todas las circunstancias favorables para que finalmente pudiera implantarse en México el Seguro Social. El interés del Presidente Ávila Camacho por las cuestiones laborales ya se había manifestado desde el mismo día en que asumió la presidencia, cuando anunció la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la encomendó a quien fuera Secretario de Gobernación del régimen anterior, el licenciado Ignacio García Téllez. Atendiendo a la tónica del momento, la función inicial de la naciente dependencia fue limar asperezas y procurar la conciliación obrero-patronal.
En diciembre del mismo año se envió a las Cámaras la iniciativa de Ley, proponiendo como suprema justificación, que se cumpliría así uno de los más caros ideales de la Revolución Mexicana. Se trataba de "proteger a los trabajadores y asegurar su existencia, su salario, su capacidad productiva y la tranquilidad de la familia; contribuir al cumplimiento de un deber legal, de compromisos exteriores y de promesas gubernamentales". El Congreso aprobó la Iniciativa y el 19 de enero de 1943 se publicó en el Diario Oficial la Ley del Seguro Social.
Ahí se determina, desde los artículos iniciales, que la finalidad de la seguridad social es garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Como instrumento básico de la seguridad social se establece el Seguro Social y para administrarlo y organizarlo, se decreta la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social.
CIFRAS DE SALUD EN MÉXICO.
1. En los años sesenta del siglo pasado, México apenas contaba con la tercera parte de su población actual. Desde entonces, la nutrición ha sido uno de los fenómenos ligados a la salud. En 1975 el 30% de la población más pobre dispone del 10% de los productos agrícolas, mientras el 15% del sector acomodado posee el 50%. Mientras en los países desarrollados la tendencia secular de la estatura promedio va en aumento, los sectores marginados de México no solo permanecen estacionarios, en algunos casos muestran una involución.
Un indicador para medir la salud de un pueblo es su tasa de mortalidad general y la de mortalidad infantil, así como el promedio de años de vida; otro indicador sería el nivel de nutrición. La tasa mortalidad general en 1950 era de 16.1 por mil, en 1975 ocho y en 1997 de 4.6, es decir se fue reduciendo; la mortalidad infantil en 1970 fue de 64.2 por mil nacidos vivos y en 1998 fue de 15.46 que, a pesar de todo, es alta comparada con la de países desarrollados que es de alrededor de cinco por mil. La esperanza de vida en 1970 es de 62 años, en 1999 ha subido 74 años. (Sergio Aguayo, Almanaque..)
Por la inequitativa distribución de la riqueza, que ha producido 80 millones de pobres y miserables, y por el irresponsable recorte presupuestal a los servicios de salud, México ocupa un destacado lugar en alta tasa de muertes infantiles: 24.9 muertes de cada mil a nivel nacional, aunque en Chiapas es de 64.97. En Cuba es de 6.5 decesos, en Guatemala 36.5, en Nicaragua 35 y en Perú 33. (Ver La Jornada 20/I/03) En América Latina, de acuerdo a estudios y estadísticas de organismos internacionales, solamente Cuba mantiene altos niveles de salud y de bajas tasas de muerte infantil comparables a los países de más alto desarrollo económico.
Cuando se hacen comparaciones entre el gasto presupuestal que se destina a los servicios de salud en México y en otros países y se ve la cantidad de médicos por cantidad de habitantes que atienden, se concluye que nuestro está muy mal. Sólo como ejemplos se puede decir que en EEUU se destina el 14.1 del Producto Interno Bruto (PIB), en Argentina 9.7, en México 6.0, en Indonesia 1.8. En cuanto a los médicos por habitantes: Cuba registra un médico para193 habitantes; Italia para 211, Israel para 218, México para 764 y Gambia 50,000. (Aguayo) Se da un escaso número de países como muestra, pero obviamente hay intermedios.
Para reforzar lo anterior, en 2003 se publicó que de la treintena de naciones que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), México es quien menos invierte en salud. De acuerdo con el estudio Salud OCDE 2003: un análisis comparativo de 30 países, divulgado ayer, en nuestro país se gastaron 586 dólares per cápita, mientras en EEUU se destinó 4 mil 887 dólares; en Suiza 3 mil 160 y en Noruega 3 mil 12 dólares durante 2001, lo que nos ubica al final de la tabla en materia de presupuesto destinado a servicios sanitarios. (El Independiente 24/ABRIL/2003)
En 1976 en nuestro país, escribe el investigador López Acuña, sólo el 35 por ciento de los 62 millones de habitantes estaba cubierto por los servicios de salud de algún régimen de seguridad social, es decir, 22 millones de personas, entre las que se encontraba alrededor de un 20% de la PEA. Pero por otro lado, casi dos terceras partes de los habitantes –más de 40 millones- debía ser atendida, en teoría, por la SSA, cuya capacidad en hospitales sólo alcanzaba cubrir entre 15 y 18 millones. Vale decir que entre 20 y 25 millones de mexicanos carecen de servicios de salud.
En 1986, diez años después, el investigador Aguilar Camín publicó que el gasto público en salud fue el más bajo de los últimos 20 años: 35 millones de mexicanos permanecían en ese momento fuera de los sistemas de salud del país, públicos y privados. El número de personas atendidas aumentó proporcionalmente entre 1982 y 1985, pero los que no tuvieron protección pasaron de 37.2 millones en 1982 a 41.1 millones en 1985. Hubo indicios de baja calidad de servicios por multiplicación de pacientes en relación con camas y médicos disponibles y un descenso paralelo de sueldos, salarios y fondos destinados a prestaciones, créditos, guarderías, pensiones. Sobre todo hubo una inversión regresiva en las tendencias de la mortalidad infantil que subió de 40 muertes por cada mil en 1980 a 51 en 1984.
En materia de ahorro para el retiro se ha procurado atender a personas que viven en situación de pobreza extrema y que se encuentran incorporadas en el Programa Oportunidades, pretendiendo cubrir a 7 millones de personas entre los 30 y 69 años de edad.
Asimismo, en esta administración de Gobierno se otorga un apoyo para adultos mayores de 70 años, que a su vez, se encuentren incorporados a una familia inscrita en el Programa Oportunidades, por un monto de 250 pesos mensuales, beneficiando en la actualidad a un millón de personas.
Los apoyos en materia de vivienda se prestan a través del Programa de Vivienda Popular para que la población derechohabiente pueda adquirir, construir, mejorar y equipar su vivienda.
En el ramo de la salud, se beneficia a la población mediante el Sistema de Protección Social en Salud, para que tenga acceso efectivo, oportuno y de calidad a servicios de salud.
Debe señalarse que la población mexicana se encuentra en constante cambio, la composición de las familias ha cambiado en las últimas décadas y, con ello han cambiado las necesidades de la sociedad en materia de seguridad social. Aunado a ello, debe tenerse presente que el segmento de la población mexicana que requiere de una pensión se incrementará en la presente década.
Por ello, la reforma en materia de pensiones es uno de los grandes retos, si no el más importante, que en el corto plazo deberá atenderse para mantener un adecuado equilibrio en las finanzas públicas, dado que el gasto en pensiones representa una de las principales presiones presupuestarias.
COMISIÓN LEGISLATIVA
La Comisión de Seguridad Social aparece formalmente como una Comisión Ordinaria de la Cámara de Diputados a partir de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en mayo de 1979.
La nueva Ley Orgánica, aprobada en 1999, establece la creación de la Comisión de Salud y Seguridad Social, sin embargo, en el 2000 se reforma la Ley para volver al esquema original que mantiene dos comisiones independientes, ya que, a pesar de tener elementos en común, sus respectivos ámbitos de acción están muy bien delimitados. No obstante, actualmente en la mayoría de los congresos estatales los asuntos de seguridad social son atendidos por la comisión de salud.
Antes de 1979 existía la Comisión de Previsión Social que atendía los asuntos en la materia. De hecho, fue esta última Comisión la que dio seguimiento a la iniciativa para la creación del IMSS en 1942 y al resto de iniciativas presentadas en los gobiernos anteriores que tenían la intención de crear un instituto de seguridad social.
Las primeras leyes y acciones que configuran lo que posteriormente se engloba bajo el concepto de seguridad social estaban dirigidas a la protección de la población trabajadora ante los accidentes de trabajo, reconociendo la obligación de los patrones de proteger a sus trabajadores ante una eventualidad resultado del cumplimiento de sus labores. En América, la mayoría de los países legislaron al respecto a mediados del siglo XX, aunque las leyes de Estados Unidos y Canadá se remontan a 1908.[2]
Entre los principales objetivos de la Revolución Mexicana estuvo el cumplimiento de los derechos de la clase obrera.[3] En México, las primeras leyes en materia de riesgos de trabajo se promulgaron a principios del siglo XX y estaban limitadas al ámbito estatal. La Constitución estableció en el artículo 123 la fijación de una jornada máxima de ocho horas, la indemnización por despido injustificado, el derecho de asociación y de huelga de los trabajadores y el establecimiento de normas en materia de Previsión y Seguridad Social, entre otros.
Los gobiernos posrevolucionarios se dieron a la tarea de incorporar en la legislación acciones tendientes a mejorar las condiciones laborales de grupos representativos de la estructura social como los obreros y algunos sectores de la clase media, los cuales eran considerados como estratégicos para el desarrollo productivo y social del país. En 1940, al inicio del gobierno de Manuel Ávila Camacho, se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que sustituyó al Departamento del Trabajo, para asumir la responsabilidad de proveer servicios de Previsión Social y de dar seguimiento a las distintas iniciativas que buscaban establecer un seguro social obligatorio. En 1943, con la Ley del Seguro Social, se extiende la seguridad social a la toda la República.
Este contexto permite explicar que en México, a nivel legislativo, la seguridad social fuera considerada como parte de las funciones de la Comisión de Previsión Social. Para 1979, cuando se crea por primera vez la Comisión de Seguridad Social, ya había un consenso mundial en relación a que la seguridad social debía ser un concepto universal y no únicamente un mecanismo de justicia laboral. A pesar de este cambio, en México siguió restringida a la cobertura de los trabajadores afiliados y sus familiares.
Las atribuciones de la Comisión de Seguridad Social se establecen de manera general en el artículo 39 de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, donde se señala que las Comisiones Ordinarias de la H. Cámara de Diputados son las encargadas de elaborar dictámenes, informes, opiniones o resoluciones en relación con los temas de su competencia, que contribuyan a que la Cámara cumpla con sus atribuciones constitucionales y legales.
Asimismo, el artículo 39 establece que “las comisiones ordinarias establecidas en el párrafo anterior, tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 93 constitucional y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.”[4]
En su plan de Trabajo 2003-2004, la Comisión de Seguridad Social de la LIX Legislatura establece tres tipos de objetivos: de análisis y dictamen legislativo; de control y de representación.
El objetivo general de la Comisión de Seguridad Social es:
Contribuir al fortalecimiento del bienestar de los trabajadores y de sus familiares derechohabientes, en correspondencia con los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás preceptos legales en materia de seguridad social. Para tal efecto, la Comisión será un espacio abierto a las opiniones de todos los actores involucrados: trabajadores, sindicatos, académicos, organizaciones de pensionados y jubilados, empresarios y autoridades.[5]
Entre las acciones propuestas en el Programa Anual de Trabajo 2005 se encuentran el diseño de estrategias que permitan avanzar hacia un sistema universal de seguridad social y el establecimiento de un seguro de desempleo.
OBJETIVOS DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA LIX LEGISLATURA[6]
I. De análisis y dictamen legislativo
1. Analizar y dictaminar los asuntos que se turnen a la Comisión, además de los que se mantienen como proyecto de la LVIII Legislatura.
2. Estudiar iniciativas que propicien estrategias y acciones tendentes a la incorporación de la población no protegida a los sistemas de seguridad social.
3. Revisar y reforzar el marco jurídico en materia de seguridad social, así como promover su difusión y cumplimiento.
4. Estudiar y comparar la legislación de otros países relativa a la seguridad social.
II. De control
1. Vigilar la actuación del Ejecutivo federal en materia de seguridad social.
2. Promover y apoyar los instrumentos y las acciones orientados al fortalecimiento de las instituciones de seguridad social.
III. De representación
1. Desarrollar y promover mecanismos que garanticen la participación y corresponsabilidad de la sociedad en el fortalecimiento de la seguridad social.
2. Fortalecer las tareas de gestión de la Comisión, consolidando un área específica para tal efecto y una base de datos electrónica para su adecuado seguimiento.
BIBLIOGRAFIA
* Aguilar García, Francisco Javier , Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.
[Citar como] Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, "Comisión Legislativa", en Seguridad Social [Actualización: 15 de mayo de 2006], en www.diputados.gob.mx/cesop/
Cervantes Gómez, Juan Carlos, La división de poderes y la evolución del poder legislativo, Serie Roja, Temas Parlamentarios, Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, H. Cámara de Diputados, México, 2003.
Nacif, Benito, El sistema de comisiones permanentes en la Cámara de Diputados de México, Documento de Trabajo no. 116, División de Estudios Políticos, CIDE, México, 2000.
González Roaro, Benjamín, La seguridad social en el mundo, Siglo XXI Editores, México, 2003.
Zorrilla Arena, Santiago, 50 años de política social en México. De Lázaro Cárdenas a Miguel de la Madrid, Editorial Limusa, México, 1988.
REFERENCIAS.
[1] Entrevista a Ignacio García Téllez, en Revista Solidaria, No. 1, Dirección de Publicaciones del IMSS, México, 1943, p. 10.
[2] Benjamín González Roaro, La seguridad social en el mundo, Siglo XXI Editores, México, 2003
[3] Santiago Zorrilla Arena, 50 años de política social en México. De Lázaro Cárdenas a Miguel de la Madrid, Editorial Limusa, México, 1988.
[4] . Cámara de Diputados, Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en Marco Jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, septiembre de 2003.
[5] Comisión de Seguridad Social, Programa Anual de Trabajo 2005, H. Cámara de Diputados, LIX Legislatura.
[6] Fuente: Comisión de Seguridad Social, Plan de trabajo 2003-2004. http://www.diputados.gob.mx/comisiones59legislatura/seguridad_social/docts/protrab05.pdf
